El domingo 10 de mayo de este año, una semana después que desapareciera Chiara Paéz, de 14 años, fue encontrada muerta, enterrada en los fondos de la casa de su novio. La chica estaba embarazada.
Este hecho provocó la reacción de un grupo de mujeres que, inicialmente mediante redes sociales y bajo las consignas “Ni Una Menos” y “Basta de Femicidios”, despertaron algunos mecanismos sociales que derivaron en la movilización social más multitudinaria que se reconozca en los últimos años en nuestro país.
El crimen de Chiara operó como punto de inflexión, se sumaron varios casos de violencia contra mujeres y femicidios que tomaron repercusión en las noticias en los últimos meses, y la movilización social no sólo fue importante en cantidad sino en calidad. Prácticamente toda la geografía del país se vio movilizada, lo mismo ocurrió en las capitales de países limítrofes como Chile o Uruguay. De igual forma casi la totalidad del arco político, social, institucional y cultural se comprometió con la movilización.
La marcha se realizó el tres de junio. Fue sin duda el momento de mayor visibilización de una problemática que la sociedad tiene que asumir para solucionar. Un paso importante, pero en todo caso el primer paso del camino.
La Agencia Nacional de Noticias Jurídica INFOJUS difundió algunos datos estadísticos sobre este problema, son cifras que en este caso representan personas y sus actos, mujeres víctimas y hombres ejerciendo violencia sobre ellas. Es lo que hacemos, es lo que está pasando, la sociedad que estamos construyendo.
“10 razones para marchar y exigir que no haya #NiUnaMenos”.
Lo decíamos, el caso de Chiara fue un detonador. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha implementado un Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe. Plantea varios indicadores de igualdad divididos en tres dimensiones, autonomía física, autonomía en la toma de decisiones y autonomía económica.
A su vez, cada dimensión presenta una serie de indicadores. El primero para la categoría autonomía física es: “Muerte de mujeres ocasionada por su pareja o expareja íntima (En número absoluto y tasas)”. En el caso argentino no hay dato disponible, tampoco Brasil lo tiene, ni México. En Chile hay 356 casos registrados en el lapso de tiempo entre 2006 y 2013, y para Uruguay en números absolutos, 127 casos entre el año 2008 y el 2013.
Más allá de lo difundido por INFOJUS Noticias, es razonable que nos preguntemos e incluso podamos trazar alguna hipótesis sobre la ausencia de estadísticas oficiales. ¿Estamos escondiendo o negando el problema? Bien, ahora a partir de la amplia visibilidad alcanzada es hora de que sepamos lo más exactamente posible lo que está pasando, que incluyamos el tema en toda agenda social y política, que al reclamar mayor seguridad mencionemos también la violencia sexista como un motivo de inseguridad para las personas. Ya es muy difícil hacerse el distraído.
¿Cuáles son los motivos que originan estos datos?, sin duda hay una dimensión de lo privado, de la convivencia cotidiana de las personas que tiene raíces culturales. La movilización #NiUnaMenos alertó con múltiples voces sobre las prácticas culturales que propician la violencia sexista, la desigualdad de género y los femicidios. Los medios de comunicación que hicieron una amplia convocatoria a la marcha también fueron señalados como responsables de alimentar el monstruo.
El rasgo cultural machista y misógino es, sin duda, uno de los factores que hace que las mujeres víctimas de violencia reconozcan en sus parejas a los agresores. Pero hay otro elemento que hay que mencionar que posibilita establecer esta relación dispar de poder que se genera al interior de un hogar, el problema de la subsistencia económica.
Valiéndonos nuevamente de la información publicada en el Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe , vemos que la población urbana[1] sin ingresos propios por sexo para el año 2012 (último año que se cuenta con información) era de 22,8% para el caso de las mujeres y 9,7% entre los hombres, la diferencia es más del doble aunque hay que reconocer que sí se han establecido avances en este ámbito. En el año 2000 el porcentaje de mujeres sin ingresos propios era del 40,4 %, contra el 13,3% de los hombres, en plena crisis del año 2001, el mismo indicador muestra un 41 % para las mujeres contra 16 % en los hombres. La brecha sigue decreciendo, en el año 2006 las mujeres sin ingresos representaba un 33,5 % y los hombres un 11,8 %.
Es a partir del año 2009 donde realmente se produce un cambio drástico y, desde cualquier lugar de análisis, es difícil desconocer que el cambio que posibilita haber bajado en casi 10 puntos la brecha, en un período de cinco o seis años, se debe a la aplicación de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
La autonomía económica es un factor que puede operar para romper las barreras culturales, la AUH ha sido, y esto hay que subrayarlo, criticada por sectores políticos y mediáticos que a la vez, en un perverso doble estándar, se sumaron al reclamo #NiUnaMenos.
Por último, hay que mencionar que lamentablemente en el Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe, no contamos con la información para Argentina del indicador “tiempo promedio destinado al trabajo remunerado y no remunerado de la población de 15 años de edad y más, por sexo”, ya que eso develaría mucho sobre nuestra cultura.
Por último, hay que mencionar que lamentablemente en la del Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe, no contamos con la información para Argentina del indicador “tiempo promedio destinado al trabajo remunerado y no remunerado de la población de 15 años de edad y más, por sexo”, ya que eso develaría mucho sobre nuestra cultura.
Estos datos hablan de un Estado que, así como reconocemos que a partir de la AUH ha intervenido en parte del problema, necesita ajustar los mecanismos para garantizar en forma temprana y cercana la asistencia a la víctima.
En este sentido, la Ley 26.485 es una norma modelo de carácter único en Latinoamérica. Desde el Estado nacional se implementó la línea 144. “Con el objetivo de brindar contención, información y asesoramiento en materia de violencia contra las mujeres, el Gobierno nacional creó la Línea 144 de atención telefónica. La misma es gratuita y funciona en todo el país, las 24 horas, los 365 días del año”. Hay que advertir que esta línea es de información y asesoramiento pero no es un centro de denuncias.
Respecto a las denuncias en todos los casos es voluntaria. Puede realizarse en las comisarías del domicilio donde se perpetró el hecho de agresión, en las comisarías de la Mujer y la Familia, en los organismos especializados del Estado y en los Juzgados y Fiscalías correspondientes.
Los distintos tipos de violencia
La Ley 26.485 enumera distintos tipos de violencia categorizándolas en:
Física: se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad.
Psicológica: causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento.
Sexual: cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.
Económica y patrimonial: se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales.
Simbólica: a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
La ley identifica además que según los ámbitos donde se ejerza la modalidad la violencia contra las mujeres puede ser doméstica, institucional, laboral, obstétrica o mediática.
Respecto al Estado como garante la convocatoria destacó cinco puntos principales:
Por: Néstor Taborda, Paula Bonilla Beltrán, Demian Querzola y Ramiro Ortega. Estudiantes del Seminario Ciberculturas 2015.
